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Gorra Negra

_________ Juzgado Por Compra De Congresistas Y “Chuzadas” A Opositore

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Gorra Negra
Con nuevos cargos, usar fondospúblicos para comprar a los congresistas y lograr que estos cambiarande partido (tranfuguismo), y chuzadas a la oposición, se inicia uncuareto juicio al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori.

Si la defensa decide recurrir a la conclusión anticipada elpróximo lunes 28 de septiembre, como en el juicio por la entrega de 15millones a Montesinos en julio pasado, se perderá la ocasión de dar aconocer cómo, desde el más alto cargo del Estado, se organizó el usodelictivo del presupuesto de las Fuerzas Armadas para extender laduración de su período presidencial.

Laestrategia jurídica quizás pondrá en la balanza el desgaste que podríasignificar el despliegue de la corrupción del régimen fujimorista,frente a los beneficios de una exposición mediática larga – el juiciopodría durar un año y medio – en términos de favorabilidad política.Paradójicamente, la congresista Keiko Fujimori, que aspirará a lapresidencia en el 2011, permaneció en el primer lugar de intención devoto mientras su padre era juzgado pero ese caudal electoral ha venidodecayendo en los últimos meses.

La difusión, el 15 deseptiembre de 2000, de un video que mostraba al congresista AlbertoKouri recibiendo los fajos de billetes de 10 mil dólares de manos deVladimiro Montesinos, como prebenda por su cambio de bancadaparlamentaria, destapó públicamente la práctica delictiva deltransfuguismo. Alberto Fujimori iniciaba entonces su tercer periodopresidencial, y en medio de las graves denuncias por irregularidades enel proceso electoral, requería una mayoría parlamentaria que apoyara sucuestionado mandato y soslayara la tarea fiscalizadora del Congreso.

Tras el soborno de congresistas, “Perú 2000”, el partido oficialistaque había obtenido el 42,14 por ciento de la votación en las eleccioneslegislativas de abril de ese año, alcanzó el 58 por ciento de lacorporación.

Elex presidente será juzgado por haber organizado la operación dereclutamiento de congresistas tránsfugas. Las transacciones tenían porescenario la llamada “salita del SIN”, desde donde despachabaMontesinos, en los locales del Servicio de Inteligencia Nacional. Porhaber recibido diversas sumas de dinero del asesor de Fujimori a cambiode su lealtad, 16 congresistas fueron procesados, cuatro condenados en2008 a cuatro años de prisión suspendida y reparaciones civiles, y 12absueltos por falta de pruebas.

Las “chuzadas” telefónicas aquienes resultaban incómodos para el régimen, fueron moneda corrientedurante los diez años de gobierno de Fujimori, quien deberá responderpor haber organizado y dirigido, conjuntamente con Montesinos, unaagrupación criminal con el fin de obtener información que facilitaríadecisiones favorables a su continuidad en el poder.

Los gastosde estas actividades delictivas, como la compra de equipos, el alquilerde locales y el pago de los operarios, fueron financiados con dinerosdel Estado mediante el desvío sistemático de fondos del presupuesto delas Fuerzas Armadas al SIN, que según sostiene el fiscal de este caso,José Peláez Bardales, se iniciaron desde que Fujimori asumió su primermandato presidencial en 1990.

Reconocidos periodistas ydirectores de medios de circulación nacional, figuras de la oposiciónpolítica como el ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérezde Cuellar, presidentes extranjeros de visita en el Perú y hasta supropia esposa, Susana Higuchi, fueron el blanco predilecto de lasescuchas ilegales.

En las postrimerías del régimen, los fondosde los que disponía Montesinos para actuar en beneficio del acusado,sirvieron también para promover la imagen del candidato Fujimori a lasegunda reelección. Se emprendieron acciones de control de los mediosde comunicación, como la compra del 75 por ciento de Cable Canal CCNque pasó a ser propiedad de Montesinos, y se dispusieron pagosmillonarios al director del Diario Expreso, a cambio de una líneaeditorial favorable al Presidente.

La Fiscalía ha solicitadola comparecencia de cerca de 150 testigos en este proceso, una pena deocho años de cárcel para el ex presidente y el pago de reparaciones alEstado por 1,6 millones de dólares y de 1 millón de dólares a favor delos agraviados por las “chuzadas”. Las pruebas en los tres casos soncontundentes, ya que además de los videos y documentos que presentarála Fiscalía, el principal testigo, Montesinos, ha declarado en otrosjuicios que Fujimori era quién daba las órdenes para estas operaciones.

Bastante probable es entonces que la defensa se acoja a unjuicio corto por conclusión anticipada, que impedirá que un ampliodebate vuelva a poner sobre el tapete la indignación que generó lacorrupción de ese gobierno, en los primeros años de transicióndemocrática.

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El Extranjero

Eso solo pasa en otros países.

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HernAN

Uff, grave precedente...

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Vocales

La Corte Penal Internacional deberia empezar a actuar por estos lares

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